LOS
PIQUETES EN LA ARGENTINA VS LOS DERECHOS A LA LIBRE CIRCULACIÓN
En la Argentina un
problema social actual que preocupa sobre manera son los piquetes. Este no es
un fenómeno reciente, sino que comenzó en el siglo pasado. Sin embargo, todo
este tiempo se ha ido transformando y perfeccionando como alternativa de
petición, modelo de protesta y expresión de descontento o demostración de poder. A su vez, esto produce más reclamos dado que los ciudadanos no tienen la chance
de circular por las zonas donde transcurren los piquetes. Muchas veces la gente
no puede ni salir a trabajar ni volver a sus casas gracias a estos piquetes
programados por personas que merecen hacer un reclamo pero que afectan al resto
cuando cortan calles.
Las protestas se volvieron costumbre, parte integrante de la vida diaria de todo habitante en el país. Lo que fue esporádico en sus inicios, se ha vuelto cotidiano y normal. Ahora bien, frente al piquete están quienes no participan, quienes deben circular por la vía pública, quienes deben arribar a horario a un trabajo, quienes son llevados en ambulancia, quienes deben tomar un vuelo, quienes deben ir al colegio...y un nudo jurídico sin desatar. En este punto es donde la relación está quebrada, donde la convivencia se divorcia.
De acuerdo a una nota
publicada en Infobae, “en Argentina, la regulación del derecho de reunión
en lugares públicos prevé la solicitud de permiso previo ‘a la autoridad
policial’ para la realización de reuniones en la vía pública o en lugares
habitualmente abiertos al público en general, con o sin desplazamiento’. Se especifica que el permiso sólo puede ser
denegado cuando la reunión tenga 'el propósito encubierto de provocar
desórdenes públicos o daños', si se persigue 'un objeto ilícito' o si 'la entidad organizadora' no está 'legalmente reconocida por
la autoridad competente'. Este aviso previo permite que se organicen
los transportes públicos y los demás ciudadanos en previsión del corte. Pero las autoridades
argentinas han pasado a eludir la aplicación de la ley al permitir cortes
de calle y manifestaciones sin permiso previo -y en muchos casos sin entidad
organizadora identificada.”
Como conclusión, la
clave a este conflicto de intereses es el respeto armónico de derechos. Esto
implica que no sólo se pueda ejercer el derecho a huelga, sino también la
posibilidad de transitar en la vía pública para aquellos que precisan ir a sus
trabajos, a estudiar, y tantas otras situaciones diarias. De tal forma, es
necesario exigir el cumplimiento de esa ley ya presente por la cual se
establece la obligación de notificar previamente sobre cualquier tipo de corte o
alteración en el tránsito o los medios de transporte para que los derechos de
todos los usuarios no se vean afectados.
www.infobae.com Normativa anti piquetes: la libertad y la organización
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